Un padre lleva a los tribunales la vacunación en los colegios: «No soy negacionista, estuve en la UCI por coronavirus»

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Un padre, abogado de profesión, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la decisión de la Generalitat de vacunar a los menores en los colegios y dar un plazo de 24 horas –entre el lunes y el martes– a las familias para que autorizaran la inmunización que comienza este miércoles. Un plazo que considera «improcedente» y «desproporcionado» para la importancia del asunto en cuestión.

En esta primera fase se prevé inocular a todo el alumnado de cuarto a sexto de Primaria hasta el 22 de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, con 150.000 dosis pediátricas.

El letrado Curro Nicolau cree que la orden que la Conselleria de Sanidad y la de Eduación han enviado a los centros educativos plantea dudas sobre el tratamiento de datos sensibles en el documento que los padres tienen que rellenar y la posible «estigmatización» de los niños cuyos progenitores decidan que no van a inocularse, puesto que «todo el mundo va a saber quién se ausenta a la hora de vacunarse».

«No existe la intimidad que si hay en un centro de salud, tampoco la seguridad», argumenta en conversación con ABC. «El comedor o el gimnasio de un colegio no parece el contexto sanitario más adecuado ante cualquier tipo de eventualidad o efecto adverso que se pueda dar», explica.

De momento, cree que el hecho de que se permita que un familiar acompañe al menor durante el pinchazo ya es una batalla ganada tras el «revuelo mediático» que, a su juicio, motivó el cambio de criterio del Gobierno de Ximo Puig, aunque no espera que su recurso tenga más recorrido: «No creo que el TSJ adopte medidas cautelares porque en ninguno de los recursos que he interpuesto –contra las restricciones del segundo estado de alarma, por ejemplo– lo ha hecho».

En cualquier caso, desvincula su decisión de factores ideológicos o políticos. «No soy negacionista ni estoy en contra de las vacunas. Estuve treinta días en la UCI y casi me muero por coronavirus. Pero los dirigentes adoptan las medidas de Salud Pública totalmente al margen del ordenamiento jurídico», señala Nicolau.

En concreto, el abogado solicita como medida cautelarísima la suspensión de esta orden administrativa, y subsidiariamente en caso de que la Sala no lo acuerde, «interesa un incidente cautelar a prueba sobre los siguientes hechos: falta de acreditación de medidas de seguridad sanitaria ante el sistema de vacunación previsto en centros educativos; riesgos para la salud mental de los menores y progenitores; vulneración de la normativa de protección de datos; vulneración de la normativa sobre protección del menor y de la infancia; cualesquiera otros hechos que resulten controvertidos a la vista de la oposición de la Administración demandada».

Además, pide que se cite a declarar tanto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y al conseller de Educación, Vicent Marzà, como promotores de las medidas contenidas en la resolución recurrida.