Se aprueba la Ley del Juego de Castilla-La Mancha, «que marcará un antes y un después»

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves la Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, que salió adelante con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, recordó que es el proyecto de ley número 22 que llega a las Cortes regionales en esta legislatura.

Ruiz Molina cree que la norma «marcará un antes y un después en la regulación del juego» y subsanará las «anomalías de la actual legislación autonómica de 2013, que ha hecho proliferar los locales de juego en la región».

El consejero explicó que si en el año 2013 había 51 establecimientos de juego, en 2020 eran 200, lo que sitúa a la región como una de las que más tienen en relación a su población. La media en España es de ocho establecimientos por cada 100.000 habitantes y Castilla-La Mancha tiene nueve.

Este proyecto es, además, «un compromiso del Gobierno con la ciudadanía» y tiene como objetivo «equilibrar los intereses de esta actividad económica, que es legal, con la necesidad de hacer frente a las externalidades negativas que pueden afectar a colectivos más vulnerables».

La nueva normativa potencia las medidas de control en el ejercicio del juego y recoge varias novedades, como dotar de más transparencia, garantía de pago de premios, lucha contra el fraude y creación del Observatorio del Juego Responsable, que será financiado con la recaudación de las salas. Asimismo, se evitará la publicidad, con excepción de las publicaciones específicas o en los propios establecimientos; se reducen los patrocinios, y se retocan las exigencias de distancia mínima respecto de un centro educativo. Por último, aumentan las multas y los nuevos tributos a pagar se retrasarán de momento debido a la crisis económica derivada de la sanitaria.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Ana Isabel Abengózar, considera que la ley «aumenta la prevención y pone en marcha buenas prácticas del juego, poniendo el foco en las repercusiones sociales» de esta actividad. Mientras, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata dijo que su partido comparte el espíritu de la ley, pero no quieren que ahora haya locales «tocados de muerte» y abocados al cierre por un cambio legislativo. «Vamos a prorrogar un año más el periodo transitorio para que, por lo menos, los pequeños negocios legales, tengan tiempo suficiente para amortizar las inversiones tras un año de pandemia».

Muñoz Zapata expuso que, gracias a la «planificación», desde el año 2018 una estrategia previa a esta nueva ley ya ha permitido reducir el número de locales de juego. «Entendemos que hay que rediseñar las fachadas de los establecimientos, son necesarios programas de sensibilización de la sociedad, pero no compartimos la agresión a la libertad de empresa», afirmó, añadiendo que los negocios abiertos se pusieron en marcha «de forma legal» y ahora tendrán que cerrar.

Dudas con el Observatorio
Por parte del PP, Miguel Ángel Rodríguez cree que aún restan algunos flecos «fundamentales» para salvaguardar la «viabilidad económica de los negocios». También rechazó que el Observatorio del Juego tenga que financiarse cobrando tasas a los propios locales de juego, por lo que pidió presupuestar y poner sobre el papel tanto la recaudación prevista al respecto como el gasto total.

Rodríguez dijo que la norma provoca «inseguridad jurídica y falta de eficacia de la administración». «Y consideramos, en términos generales, que cualquier incremento de la presión tributaria en un momento tan complicado como el que atraviesan las empresas pueden tener consecuencias graves y provocar el cierre de locales que ya lo están pasando mal», lamentó.