Los Mossos cargan contra la Generalitat por laminar su defensa legal para satisfacer a la CUP

Las palabras del consejero catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, anunciado ayer en el Parlament que la defensa jurídica de los Mossos d’Esquadra dejaría de ser competencia de su departamento para depender del Gabinete Jurídico del Govern (Presidencia) cayó como un jarro de agua fría en las filas de la policía autonómica. De hecho, este paso, de aparente carácter burocrático, fue recibido por los sindicatos de Mossos como una nueva cesión a la CUP, que aplaudió la decisión calificándola de «primer paso» para satisfacer sus peticiones.

El anuncio hecho en la cámara catalana bebe directamente del pacto de investidura ERC-CUP que permitió la elección de Pere Aragonès y que contemplaba que la Generalitat dejara de personarse como parte afectada en denuncias que afecten a Mossos d’Esquadra. Así lo recordó esta semana la formación antisistema, que afirmó que era una «aberración» que el Govern acudiera a los tribunales para defender a los agentes en casos que implicaran a «activistas» sociales o independentistas, incluso si estos habían agredido o atacado a policías, como ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos años.

A la práctica, los antisistema celebraron el anuncio de Elena (cuota de ERC en el Govern) como un «primer paso» en la dirección correcta: desdibujar la protección jurídica de los agentes del cuerpo, blanco principal de los antisistema y de grupos independentistas radicales como los CDR. En las últimas horas, varios sindicatos policiales han denunciado la decisión del Govern, asegurando que supone una cesión al «chantaje» de la CUP, cuyos diputados son necesarios para mantener la estabildiad parlamentaria del ejecutivo autonómico.

«Rechazamos que el departamento de Interior se libre de su obligación de defender penalmente a los miembros del cuerpo de Mossos. Consideramos inaceptable que el consejero acepte chantajes políticos a cambio de mantener su silla», alertó el sindicato Uspac de los Mossos en un comunicado. Asimismo, señaló que la decisión del Govern es un «primer peaje» en el camino de dejar a los agentes sin la protección jurídica que hoy les brinda la Generalitat. Por otra parte, Uspac alertó que el traslado de las labores de defensa del Departamento de Interior al Gabienete Jurídico general supone que los abogados que defenderán a los Mossos en casos de agresiones o amenazas por parte de manifestantes no estarán especializados en la materia y quedarán, además, sujetos a las directrices políticas de la Presidencia de la Generalitat, que controla el citado gabinete.

«La despolitización que de manera reiterada hemos reclamado a todos los actores que intervienen en el debate de la seguridad pública ni acaba de llegar, ni desgraciadamente tampoco se le espera», afirmó por su parte el sindicato SAP-Fepol. Paralelamente, la organización denunció que los Mossos han sufrido en algunas ocasiones «descoordinación» en su asistencia jurídica. También algunas formaciones como el Pdecat alertaron de los riesgos y las intenciones que, observan, tras la decisión del Govern. «A partir de ahora, Presidencia podrá decidir en qué casos la Generalitat se persona o que peticiones de prisión se formulan, introduciendo variables políticas a las defensas de los servidores públicos», alertó el partido. Finalmente, los posconvergentes apuntaron que la decisión del Govern deja «desamparados» a los Mossos y supone «la enésima cesión a la CUP».