Llarena, dispuesto a dejar en evidencia a Bélgica ante Europa por su negativa a cumplir las euroórdenes

El instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha concedido tres días de plazo al fiscal y demás acusaciones (Abogacía del Estado y Vox) del ‘procés’, así como a los abogados de los prófugos (Carles Puigdemont, Lluis Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí), para que se pronuncien sobre necesidad de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para plantear una cuestión prejudicial sobre el alcance y razones de denegación de una euroorden. El magistrado enmarca este movimiento en la finalidad de poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas órdenes europeas de detención contra todos o algunos de los procesados en la citada causa.

En una providencia notificada este jueves el juez Pablo Llarena explica que la autoridad judicial de ejecución belga le ha comunicado oficialmente el 1 de febrero de 2021 su decisión, de carácter firme, de denegar la entrega del procesado Lluis Puig, expresada en anteriores resoluciones, con el argumento, como informó ABC, de que el Tribunal Supremo no era competetente para juzgar a los procesados del desafío secesionista en Cataluña. Precisamente hace unos días el Tribunal Constitucional había avalado la competencia del Alto Tribunal cuestionada por Bélgica.

Llarena considera que la interpretación del Derecho de la Unión y de las normas establecidas en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros llevada a cabo por la autoridad de ejecución belga, que ha denegado la entrega del procesado Lluis Puig, «discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo, y que la interpretación definitiva de la norma no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo respecto a su libertad de movimientos en el actual país de ejecución, sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro».

El juez recuerda que en esta causa, en las piezas de situación personal de los procesados Puigdemont, Comín, Ponsatí y Puig (sobre los tres primero el Parlamento Europeo levantaá previsiblemente la inmunidad la próxima semana) se han emitido sendas órdenes de detención europeas sujetas a decisiones marco.

Asimismo, indica que la fijación de un plazo de tres días es consecuencia del conocimiento que tienen las partes sobre la cuestión, debido a que la larga tramitación de las euroórdenes ha facilitado su conocimiento, y a que todas las decisiones son plenamente conocidas por haber sido puntualmente notificadas a las partes, tanto en este procedimiento, a pesar de su situación de rebeldía, como en el Estado de ejecución (Bélgica).