La juez ve en el magistrado del TC indicios de malos tratos y envía la causa al Supremo

La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), especializado en Violencia de Género, remitió ayer exposición razonada al Tribunal Supremo tras encontrar «la supuesta e indiciaria comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar» en la conducta que mantuvo el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, sobre su mujer y por la que fue detenido en la noche del martes. Está en libertad sin cautelares y conserva su puesto.

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La instructora ha dirigido su escrito a la Sala Segunda del Supremo, competente porque los magistrados del Constitucional tienen aforamiento, para que investigue un delito de los previstos en el artículo 153 del Código Penal. Este precepto recoge el «menoscabo psíquico» y también las «lesiones de menor gravedad» que las ya previstas en el tipo penal sobre este asunto. Fija penas de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de un mes a 80 días cuando la víctima sea la pareja o expareja del agresor.

Comunicado
Para el Tribunal Constitucional, que la instructora haya apreciado indicios de delito no cambia en nada la situación ya abierta con la detención de Valdés a última hora del pasado martes, según las fuentes consultadas por este diario. Al día siguiente y después de que el presidente Juan José González Rivas, se reuniese con el magistrado, este órgano jurisdiccional emitió un comunicado respaldado uno por uno por todos los magistrados en el que se recordaba el derecho fundamental del afectado a la presunción de inocencia.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, no hay ningún cambio a nivel procesal que justifique posición distinta, habida cuenta de que una exposición razonada consiste en entregar al organismo competente las riendas de una causa sin que esta haya finalizado.

En este sentido, cabe recordar que la normativa que regula el Tribunal Constitucional impone la renuncia al cargo en caso de condena por cualquier hecho «culposo» y en este caso no se ha producido siquiera un procesamiento. Con todo, sobrevuela la sombra del actual Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Fue sorprendido saltándose un semáforo en moto, sin casco y superando la tasa de alcoholemia un domingo por la mañana y el lunes por la tarde ya había dimitido de su puesto como magistrado del Tribunal Constitucional. Fue en junio de 2014 y había sido designado magistrado justo un año antes.

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Las fuentes consultadas, aunque coinciden en respaldar aquella decisión, insisten en que la situación de Valdés, si bien es comparable en términos de presión social e imagen del Tribunal Constitucional, en lo jurídico es bien distinta. Para empezar, porque Enrique López reconoció desde el primer momento los hechos y Valdés niega haber perpetrado ningún delito de violencia machista sobre su mujer. Además, López tenía una condena clara en el horizonte porque dio positivo en el control de alcoholemia. Valdés aún tiene que ser investigado, en su caso procesado, juzgado y condenado, para incurrir en esa incompatibilidad.

Unos jóvenes
Valdés fue detenido en su domicilio de la localidad madrileña de Majadahonda después de que la Guardia Civil recibiese aviso de unos jóvenes que se encontraban en la zona por un posible asunto de violencia de género. En concreto, declararon haber visto a una mujer proferir gritos de socorro desde la terraza de un adosado y apreciar cómo un hombre la agarraba del brazo para introducirla a la fuerza dentro de la vivienda. No consta, no obstante, que se haya abierto parte por lesiones, informan en fuentes cercanas a la investigación. Ella se negó a presentar denuncia, como es su derecho, igual que también lo es guardar silencio: tiene dispensa de declarar contra su marido en virtud del artículo 416 del Código Penal.

El magistrado, de 75 años de edad y delicado de salud, fue trasladado a dependencias de la Guardia CIvil, pero finalmente pasó la noche en el Hospital Puerta de Hierro porque presentaba dificultad respiratoria, según informaron entonces a ABC en fuentes de la investigación. A la mañana siguiente, la juez, que supo de su condición de magistrado, le puso en libertad sin fianza y en espera de resolución, en línea con el criterio de la Fiscalía, atendiendo a su avanzada edad, su enfermedad y el riesgo que ambos factores entrañan frente al contagio de coronavirus. Ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, si no lo hace antes la Sala de Vacaciones, nombrará instructor para analizar los hechos.

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