La campaña del 14-F empezará con la duda de si se podrá votar

Será una campaña atípica, y no solo por la pandemia. Una carrera electoral en la que, pocos metros antes de la llegada, el árbitro podría alejar varios kilómetros la línea de meta. Hasta días antes del 14-F, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no se pronunciará sobre si los comicios deben celebrarse en esa fecha, o si, como pretende la Generalitat, se suspenderán por motivos relacionados con la pandemia con la intención de convocarlos el 30 de mayo. Por lo pronto, este giro de guión anunciado ayer por el TSJC, deja al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una situación complicada: deberá dejar el cargo para sumergirse en una campaña para unas elecciones que podrían no celebrarse. Y la Generalitat, por su parte, recuperó ayer su pose más victimista, con la enésima pataleta ante la supuesta «persecución» judicial del independentismo.

Todas las miradas estaban puestas en la Sala de lo Contencioso del TSJC, que desde primera hora se sentó a deliberar sobre la media docena de demandas que tiene encima de la mesa —una de un particular y el resto de fuerzas extraparlamentarias—, que reclaman tumbar el decreto con el que la Generalitat, alegando razones sanitarias, quiere suspender la fecha inicial de las elecciones, el 14 de febrero, para posponerlas al 30 de mayo. El tribunal anunció que acortará plazos para tener la sentencia definitiva, como muy tarde, el lunes 8 de febrero. Es decir, a una semana de la jornada electoral. El tribunal apurará los plazos para dictar el fallo en tiempo récord.

Mientras tanto, quedará sin efecto el decreto de la Generalitat que suspendía el 14-F. Será así porque el TSJC adelantó este jueves que, como medida cautelar, en cuanto no resuelve sobre el fondo del asunto, mantendrá la suspensión del decreto del Govern. El tribunal se inclina por el posiciomamiento de la Fiscalía frente al de la Generalitat. A ambos les había consultado, como es obligado en los procesos de medidas cautelares, antes de decidir si deja en vigor provisionalmente el decreto del Govern.

La Fiscalía argumentó en su escrito enviado el martes al tribunal que, de levantarse ya la suspensión sobre el decreto, si la sentencia definitiva diese finalmente la razón a los demandantes, no habría tiempo material de activar toda la maquinaria electoral para celebrar los comicios el 14 de febrero. El TSJC expondrá hoy por escrito las razones que le llevan a mantener esa medida cautelar, aunque todo apunta a que seguirá el mismo razonamiento que la Fiscalía. Un hipotético recurso de la Generalitat, además, nunca podría dejar sin efecto esta decisión judicial.

¿Y qué hará mientras tanto la Generalitat? De momento, no se plantea ni dictar un nuevo decreto ni buscar una nueva fecha electoral. «No contemplo otra resolución que no avale el decreto aprobado por el Govern catalán», dijo ayer, en una comparecencia ante la prensa, la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella.

Illa dimite el jueves
El escenario es inédito. Los catalanes no sabrán si acudirán a las urnas hasta una semana antes de la jornada electoral y, encima, para disgusto del Gobierno de España, la jugada política tramada por Pedro Sánchez y Miquel Iceta, con Illa como deseo electoral, podría no tener el efecto que en un principio preveían, aunque el CIS dio un empujoncito al todavía ministro.

Al mantenerse la fecha electoral en febrero, Iceta confirmó, a última hora de la tarde de este jueves, que el candidato del PSC a la Generalitat dejará el ministerio según lo planificado al inicio de año, es decir, la semana que viene, cuando arranque la campaña electoral. Pero si el TSJC, al final, acepta la petición de la Generalitat de llevar las elecciones al 30-M, Illa podría quedar en tierra de nadie unos tres meses. Por lo tanto, la decisión del tribunal autonómico puede tener una gran influencia en los próximos comicios. El independentismo, mientras tanto, volvió ayer a exponer el victimismo que practica desde hace años.