El voto particular de Pumpido: «La sentencia desarma al Estado contra las pandemias»

«La sentencia de la mayoría no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma«. Así se expresa el magistrado Cándido Conde-Pumpido en el voto particular a la sentencia del TC que ha declarado inconstitucional el confinamiento decretado por Sánchez durante el primer estado de alarma, el 14 de marzo del pasado año.

En ese voto, al que ha tenido acceso ABC, el exfiscal general del Estado no escatima críticas hacia la mayoría, a la que acusa de utilizar «un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad« del confinamiento que, recuerda, el propio recurrente Vox, había pidió en su momento. A su juicio, con esta sentencia, »escueta y frágil«, »se aboca a los poderes públicos a la utilización futura de una herramienta, el estado de excepción, que conlleva una evidente disminución de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales«. «La función del Tribunal Constitucional es la de resolver problemas políticos con argumentos jurídicos«, dice parafraseando a García Pelayo, el primer presidente del órgano de garantías. A su juicio, el instrumento idóneo para afrontar la pandemia era el utilizado por el Gobierno, previsto para catástrofes o pandemias como la sucedida.

«La sentencia de la mayoría pretende que el régimen de garantías de los derechos limitados para hacer frente a la pandemia, en este caso el derecho a la libre circulación, sea el propio del estado de excepción, donde las garantías constitucionales desaparecen, en lugar de aquel donde ello no ocurre, el estado de alarma. Se trata de una curiosa concepción de los derechos fundamentales, pues los que la sostienen afirman, erradamente, que su construcción serviría a una mayor garantía de aquellos, cuando es precisamente al contrario, pues su efecto es, como hemos visto, la supresión de las garantías constitucionales a cambio de la mera parlamentarización de su declaración. Parlamentarización que, por cierto, está igualmente prevista en el estado de alarma para poder prorrogar las medidas más allá de los primeros quince días«.