El terrible caso de Margarita juzgado en el Tribunal de Estrasburgo: «Mi marido me cortó las manos»

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el martes que Rusia no había hecho lo suficiente para frenar la violencia doméstica y le ordenó pagar una compensación sustancial a cuatro mujeres que fueron víctimas de ataques brutales.

Margarita Gracheva, cuyo marido la secuestró y le cortó las dos manos en 2017 con un hacha después de que la policía desestimara sus denuncias sobre su comportamiento agresivo, recibirá una indemnización de más de 370.000 euros.

«Cuando fui a la policía estaba segura que vendrían al día siguiente y harían algo. Pero no fue así», ha contado Margarita en una entrevista en la BBC. «El policía me dijo: ‘Tú y él harán las paces. Esto no es importante’. A principios de diciembre, el caso se cerró. Tres días después, me llevó al bosque y me cortó las manos».

El exmarido de Margarita fue a juicio acusado de secuestrar, amenazar de muerte y herir gravemente a su esposa. Fue condenado a 14 años de prisión y se le prohibió el acceso a sus dos hijos.

«Para mí, lo mejor hubiera sido que le dieran cadena perpetua. Eso me mantendría segura. Si él vive cerca, eso no será seguro ni para mí ni para los niños», explica Margarita sobre la sentencia.

«Mi mano izquierda se perdió en el bosque. La encontraron más tarde. Estaba destrozada con los huesos rotos en ocho partes. Me trasplantaron piel y venas», relató Margarita. Los médicos le cosieron la mano izquierda en una operación que duró unas 10 horas. La derecha la perdió y utiliza ahora una prótesis.

«El Tribunal determinó, en particular, que las autoridades rusas no habían logrado establecer un marco legal para combatir la violencia doméstica de manera efectiva», dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un comunicado sobre el caso de Margarita y otros tres.

El tribunal dijo que recomendó «cambios urgentes en la legislación y la práctica rusas para evitar que se produzcan violaciones similares».

En 2017, el presidente Vladimir Putin firmó una ley que flexibiliza las penas por violencia doméstica, citando la necesidad de reducir la intromisión estatal en la vida familiar, pero los activistas de derechos lo llamaron un paso atrás.