El plan b jurídico que el PP llevó al Congreso en noviembre

El anuncio del martes de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros de poner fin, si los datos acompañan, al estado de alarma el próximo 9 de mayo ha suscitado dudas, sobre todo en la comunidades autónomas por no saber cómo actuar sin un paraguas jurídico que les avale con las restricciones.

El Ejecutivo no ha presentado una estrategia alternativa al estado de alarma y el Partido Popular ha recordado este martes que ya en noviembre presentó un Plan B, que desde mayo lleva defendiendo.

La Proposición de ley orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales implica la reforma de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, de 1986, y de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 1998.

El plan que defiende el PP se basa sobre todo en la reforma de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, con el fin dar instrumentos legales a las comunidades que les permita luchar contra el coronavirus, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma.

«Hay tres leyes que permiten al Gobierno el mando sanitario único: la ley general de salud pública, de Sanidad y la ley de cohesion y calidad del sistema nacional de salud», expone el PP.

Tambien existen tres leyes que premiten la limitación de movilidad, como son la de ley de segurdad nacional, la del sistema nacional de Proteccion Civil y la Ley orga´nica de mdeidas Especiales en Materia de Salud Publica

Estas legislaciones, recuerdan los populares que van en la línea del Convenio Europea de Derechos HUmanos y del Reglamento sanitario internacional de la OMS.