De la «valencianofobia» al «catalanismo»: bronco debate en las Cortes Valencianas por el requisito lingüístico

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La nueva Ley de Función Pública que convertirá el valenciano en requisito para acceder a la Administración ha llegado este miércoles al Pleno de las Cortes Valencianas en un debate que ha estado marcado por la falta de consenso, la crispación, los gritos y los reproches entre los diputados de los seis grupos parlamentarios.

Aunque la votación se producirá mañana jueves, la normativa que viene a reemplazar a la aprobada en 2010, saldrá adelante con los votos de los socios de gobierno en la Generalitat, PSPV, Compromís y Unidas Podemos.

Las críticas han vuelto a arreciar por parte de los partidos de la oposición, que han coincidido en que esta ley «no era necesaria», pero la intervención que más revuelo ha generado ha sido la de la diputada de Unidas Podemos, Estefanía Blanes.

«No entendemos cómo ha podido genera tanta polémica y crispación, cuando permitirá no padecer episodios de discriminación lingüística», ha afirmado. «No vamos a desfallecer en las cuestiones de género y la protección de la lengua catalana que hablamos los valencianos», ha asegurado , tras lo que el presidente de la cámara, Enric Morera, ha tenido que pedir silencio a los diputados varias veces por los comentarios que se estaban vertiendo al respecto sin tener el turno de palabra.

«¡Pero si acaba de decir lo que dice la Real Academia Española de la Lengua! Aquí se respeta la libertad de expresión. Señora Bonig tenga un poco de educación», ha reclamado Morera a la líder del PP, una de las presentes en el hemiciclo que más ha hecho notar su malestar por las palabras de Blanes.

La diputada de Unidas Podemos ha sostenido que, aunque la derecha quiera «eliminar cualquier referencia a la igualdad de género», el documento que se aprobará este jueves permitirá «romper el techo de cristal en los puestos directivos», aligerará los plazos de los procesos de selección, aumentará las plazas para enfermedad mental y diversidad intelectual y dotará de «mayor capacidad formativa» a la Administración.

Del mismo modo, Rosa Peris, del PSPV
-PSOE, ha defendido que la ley de 2010 «no ha funcionado» y la actual quiere solucionar la «alta tasa de precaridad laboral» y las «plantillas envejecidas», además del «enchufismo» del PP. Precisamente, Peris ha incidido en el «complejo del cangrejo» de los populares «que solo camina hacia atrás» y su «incoherencia extrema» al negarse a aprobar un requisito que el mismo partido promovió en Galicia.

Por parte de Compromís, la diputada Nathalie Torres ha puesto en valor el trabajo de los funcionarios durante la pandemia, a quienes esta ley va a «mejorar sus condiciones» porque «agilizará la imcorporación de personal» y «reducirá la temporalidad».

«Hay 91 artículos, pero ustedes solo han leído uno», ha señalado en referencia al requisito lingüístico, algo que ha achacado a su «valencianofobia». «Odian el valenciano porque representa toda esa diversidad y pluralidad que querrían reventar», ha aseverado Torres, al tiempo que ha añadido que los partidos de derecha «hace más de 40 años que envenenan el corazón de esta sociedad sin ningún tipo de pudor», «alimentando el odio y la confrontación».

«Van a señalar a quien hable español»
El diputado popular José Antonio Rovira ha reiterado en la tribuna de Les Corts que el PP derogará esta ley si llega al poder y «permitirá la continuidad de los miles de interinos» que el Botànic «ha multiplicado» pero que ahora va a «echar a la puta calle».

«Teniendo un 42% de interinos estamos en contra de que en las próximas ofertas de empleo de los próximos años la mitad de las plazas, al menos, sean oposición pura y dura, porque entendemos que no son ellos los culpables de la situación que se ha generado» por su «inutilidad» tras «seis años» en el Gobierno.

Sobre el requisito lingüístico, Rovira ha lamentado que lo vayan a meter «bajo manga» en un reglamento posterior por las batallas entre socialistas y Compromís, que tiene «un hoja de ruta clara» para «construir la nación valenciana en un sentido catalanista».

«El objetivo final de esta ley es que seamos el apéndice del sur de esos ‘països catalans’ con los cuales ustedes sueñan». «Estos últimos años me estoy dando cuenta que del valenciano sí que se come», porque «mucha gente vive» de él, ha agregado el popular. Además, a juicio de Rovira, el PSPV «está jugando el papel de tonto útil en esta historia».

También muy duro ha sido el diputado de Ciudadanos, Vicente Fernández, que ha calificado de «bodrio» la nueva normativa, que «está muerta de inicio» porque no contempla el teletrabajo y que va a dejar fuera a quienes no sepan «no el valenciano», sino «el valenciano de ellos». Fernández cree que se va a señalar «con el dedo» a quienes «hablen español» dentro de la Administración.

«Van a marcarlos como hicieron con los judíos y enviarlos todos a un gueto», ha lanzado, al tiempo que ha garantizado que «no hay discriminación de género en nuestra función pública», pero sí en los altos cargos «que ustedes nombran», aludiendo a los grupos de izquierda. «Son ustedes feministas de opereta, de barraqueta, de pancarta, y sin embargo, todos callan como cobardes cuando se depreda sexualmente a una niña por alguien del círuclo cercano a ustedes», ha zanjado Fernández, haciendo referencia a la condena del exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por abusos a una menor tutelada.

Misma posición ha marcado Vox al respecto. Su líder, José María Llanos, ha afirmado que el requisito lingüístico supone «un carnet de identidad a criterio» del Botànic porque afecta a «principios constitucionales como la igualdad y la libertad» y «atenta al mérito y a la capacidad».

Llanos ha defendido que este proyecto, con el que se pretende «asexuar documentos», es «tan malo, innecesario y sectario» que «han dedicado más de cuatro años» para «ponerse de acuerdo», porque «no recoge contenido, sino ideología» para «generar confrontación».

«¿Dónde ha quedado el Estatuto de Autonomía de los valencianos?», se ha preguntado sobre la alusión a la lengua catalana de Unidas Podemos, al tiempo que se ha mostrado sorprendido al ver a «los pancatalanistas hablando de valencianofobia». El diputado de Vox ha destacado el carácter «adoctrinador» del texto que «ataca a la igualdad y libertad en el acceso y desempeño de la función pública» porque, a su juicio, desde el Consell favorecen solo a los interinos jóvenes y no prevén ayudas para que los más veteranos preparen sus oposiciones.

Qué supone el requisito lingüístico
Tal y como ya ocurre en otras comunidades con lenguas cooficiales como País Vasco, Galicia, Cataluña o Baleares, quienes quieran acceder a una plaza de funcionario deberán «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano», que hasta ahora solo figuraban como un mérito más.

El documento garantiza que se respetará «el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes», pero deja este punto en manos de un reglamento que el Ejecutivo autonómico tendrá que aprobar «en el plazo de un año desde la entrada en vigor» de la ley. Es decir, los socios de Gobierno se dan un año de margen para seguir debatiendo qué conocimiento del valenciano exigen a cada grupo de empleados públicos.

Compromís, que tiene las competencias en materia de política lingüística y cuya consejería deberá emitir un «informe favorable» al respecto, es partidario de extender esta obligación a todo el personal público sin excepciones, pero los socialistas quisieron incluir una enmienda para eximir a los sanitarios de este requisito en caso de que hubiera necesidad de cubrir plazas. Finalmente, y para que la sangre no llegara al río, se decidió aplazar esa decisión y aprobar la ley sin especificar la letra pequeña.