Acusan a un gestor inmobiliario de estafar casi 5.000 euros a dos hermanas con discapacidad cognitiva

Dos hermanas con una minusvalía física, sensorial y cognitiva de más del 50 por ciento reclaman 4.710 euros a un gestor inmobiliario que les gestionó la venta de una vivienda en Madrid y la adquisición de otro inmueble entre el 27 de febrero y el 15 de marzo de 2018. Según la Fiscalía, el procesado aprovechó esa incapacidad y la confianza con ellas para engañarlas.

El Ministerio Público pide cuatro años y un día de prisión para este gestor, J. F. B. A., acusado de un delito de falsedad en documento oficial, en concurso con otro continuado de estafa. La causa procede de un juzgado de Talavera de la Reina y la vista oral está señalada para este miércoles en la Audiencia provincial de Toledo.

Una hermana tiene una minusvalía física, sensorial y cognitiva del 65% y la otra, del 56%, discapacidades reconocidas por la Junta de Castilla la Mancha. La Fiscalía asegura que el acusado abusó precisamente de la «manifiesta incapacidad» de las dos mujeres y de su relación personal de confianza con ellas para llevar a cabo una farsa.

Según el Ministerio Público, les presentó una supuesta carta del Ayuntamiento de Madrid en la que les reclamaban 3.105 euros en concepto de plusvalía. Ellas le pagaron en efectivo y el procesado volvió días más tarde a la vivienda de las dos hermanas con otra carta del Ministerio de Hacienda que, supuestamente, había llegado a la inmobiliaria. Se le requería el pago de 1.605 euros en concepto del 9% de diferencia entre el precio de tasación y el precio de escrituración. Las hermanas también le dieron el dinero en efectivo para que realizara el pago.

Documentos reveladores
El acusado no cejó en su empeño e insistió en el engaño. Volvió «para exigirles», según la Fiscalía, el pago de 4.700 euros por la diferencia del valor de la tasación. En este caso, les advirtió que, si no pagaban, conllevaría una multa de 28.000 euros y un recargo de 7.000 euros. Pero ellas sospecharon y ya no abonaron ese dinero.

Las hermanas consultaron con otro gestor todas las transacciones y comprobaron que los documentos que el acusado les presentaba tenían apariencia de ser falsos, así como que en la factura emitida por la inmobiliaria se les había facturado el importe de 640 euros en concepto de recargo del 1%.

La Agencia Tributaria y el Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid confirmaron las sospechas. Enviaron informes en los que declaraban como fraudulentos los documentos presentados por el investigado a las hermanas. También corroboraron que no habían sido emitidos por estos organismos y los firmantes no eran funcionarios de tales instituciones públicas.